Europäischer Rechnungshof - European Court of Auditors
Los auditores señalan deficiencias en la lucha de la UE contra el fraude
Comunicado de prensa
Luxemburgo, 15 de diciembre de 2025
Los auditores señalan deficiencias en la lucha de la UE contra el fraude
- Entre 2022 y 2024, los organismos antifraude de la UE recibieron 27 000 denuncias de fraude.
- La cooperación entre la Fiscalía Europea y la OLAF se ve afectada por un intercambio de información ineficiente.
- La supervisión por parte de la Comisión Europea de los reembolsos al presupuesto de la UE es insuficiente.
La lucha de la UE contra el fraude adolece de insuficiencias en la forma en que sus principales organismos antifraude intercambian información, según un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal). Esto afecta al número y la puntualidad de las investigaciones, a la supervisión del ejecutivo de la UE y a su papel más amplio en la protección del presupuesto de la UE. Aunque las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalía Europea han dado lugar a la recuperación de millones de euros de los defraudadores, la Comisión Europea no sabe si se está reembolsando todo el dinero adeudado al presupuesto de la UE. En el contexto de la revisión de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE, los auditores abogan por un nuevo sistema que simplifique la tramitación de las denuncias e investigaciones de fraude.
En el marco de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE, las acusaciones de fraude son investigadas por la Fiscalía Europea, mientras que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude es responsable de las investigaciones administrativas. La OLAF y la Fiscalía Europea cuentan con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), así como de las autoridades nacionales.
«Una cooperación eficaz entre todos los que luchan contra el fraude, desde los investigadores de la UE hasta las autoridades policiales y judiciales nacionales, es fundamental para mantener a raya a los defraudadores», afirma Katarína Kaszasová, Miembro del Tribunal que ha dirigido la auditoría. «La actual revisión de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE es una oportunidad única para corregir los fallos del sistema en cuanto a intercambio de información y supervisión».
Los auditores constataron que la OLAF, la Fiscalía Europea, Eurojust y Europol tienen mandatos jurídicos claramente definidos. Sus funciones independientes son en realidad complementarias y pueden constituir una salvaguardia eficaz contra el fraude. Aunque acogen positivamente el apoyo mutuo cuando se les solicita, el número de casos en los que se han apoyado entre sí en los últimos años ha seguido siendo relativamente reducido.
Los procedimientos para tramitar las acusaciones de fraude contra los intereses financieros de la UE son complejos. Para empezar, las obligaciones de notificación del fraude son diversas y dan lugar a una duplicación de la notificación a la OLAF y a la Fiscalía Europea, lo que aumenta la carga administrativa. Además, el sistema no garantiza que todas las denuncias lleguen a la Fiscalía Europea, que podría evaluarlas para determinar la existencia de posibles actividades delictivas. Los procedimientos para remitir denuncias de la OLAF a la Fiscalía Europea son complicados, y la forma en que la Fiscalía Europea intercambia información con la OLAF también presenta limitaciones, lo que reduce la posibilidad de otras medidas de protección.
Entre 2022 y 2024, la OLAF y la Fiscalía Europea recibieron un total de 27 000 denuncias de fraude. En un tercio de los casos se consideró que procedía abrir una investigación. Las cifras muestran que los organismos de la UE notifican tres veces más denuncias de fraude a la OLAF que a la Fiscalía Europea, mientras que en muchos Estados miembros existe una disparidad sustancial entre su cuota en el presupuesto de la UE y el número de casos de fraude que comunican. Los auditores instan a la Comisión a que analice las razones de estas variaciones y a que investigue las causas de cualquier deficiencia significativa en el número de notificaciones.
Tras sus investigaciones durante este período, la OLAF recomendó que se reembolsaran 615 millones de euros al presupuesto de la UE. Al final de 2024, ya se habían reembolsado 23 millones de euros. Durante el mismo período, la Fiscalía Europea procedió al embargo preventivo de activos por valor de 3 000 millones de euros. Tras sus investigaciones, en 2024 los tribunales ordenaron a las autoridades nacionales recuperar 232 millones de euros procedentes de actividades delictivas. Sin embargo, la Comisión no dispone de un mecanismo para supervisar si se han llevado a cabo las recuperaciones ordenadas por los tribunales y se ha recuperado el importe total adeudado al presupuesto de la UE. Por lo tanto, los auditores subrayan la necesidad de que la Comisión mejore su seguimiento de las investigaciones de fraude.
Información de referencia
La UE y sus Estados miembros tienen el deber de luchar contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión; esto abarca todos los ingresos, gastos y activos de la UE. La OLAF (con sede en Bruselas) y Eurojust y Europol (ambas en La Haya) llevan funcionando más de dos décadas, mientras que la Fiscalía Europea (con sede en Luxemburgo y oficinas operativas en todos los Estados miembros de la Fiscalía Europea) se creó en 2021. Las autoridades nacionales están obligadas a comunicar los presuntos fraudes a la Fiscalía Europea, mientras que los organismos de la UE informan tanto a la Fiscalía Europea como a la OLAF; otros actores pueden informar a una u otra, o a ambas. Los datos sobre los resultados de las investigaciones de la Fiscalía Europea y de la OLAF no son comparables, ya que los casos de la Fiscalía Europea no afectan únicamente al presupuesto de la UE, sino también a los presupuestos nacionales y a otras víctimas. La Comisión es responsable en última instancia de la ejecución del presupuesto de la UE y debe velar por que todos los importes adeudados sean recuperados rápidamente por las autoridades nacionales o de la UE. En julio de 2025, la Comisión inició una revisión de la arquitectura de lucha contra el fraude de la UE mediante la publicación de un libro blanco. La arquitectura de lucha contra el fraude de la UE es el conjunto de políticas, instituciones, organismos y mecanismos establecidos para proteger los intereses financieros de la UE mediante la prevención, detección y represión del fraude y otras actividades ilegales que podrían afectar al presupuesto de la UE.
Informe Especial 26/2025, «Organismos de la UE que luchan contra el fraude – Los mandatos son claros, pero el intercambio de información y la supervisión de la Comisión siguen siendo insuficientes», está disponible en el sitio web del Tribunal de Cuentas Europeo, junto con un resumen de una página con los principales datos y conclusiones. A principios de 2026, el Tribunal publicará un informe especial sobre la lucha contra el fraude en el fondo de recuperación de la UE para el COVID‑19 (el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia).
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