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Política de cohesión de la UE: las correcciones financieras no siempre se han aplicado debidamente
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Política de cohesión de la UE: las correcciones financieras no siempre se han aplicado debidamente
- La finalidad de las correcciones financieras es excluir el gasto irregular de la financiación de la UE, pero su marco jurídico es complejo.
- Los Estados miembros realizaron correcciones financieras, pero la Comisión Europea solo tomó una decisión a este respecto en diez años para el período 2014‑2020.
- Los auditores señalan que el supuesto «efecto disuasorio» no está demostrado.
La Comisión Europea no aplica como debiera las correcciones financieras destinadas a proteger el presupuesto de la UE del gasto irregular en la política de cohesión. Esta es la principal conclusión de un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal). Pese a que todos los años el gasto de cohesión estuvo afectado significativamente por errores, hasta septiembre de 2025, es decir, más de diez años después, la Comisión Europea no adoptó su primera decisión de corrección financiera para el período 2014‑2020. Los auditores señalan insuficiencias en el marco jurídico y deficiencias en su aplicación.
El presupuesto de la política de cohesión de la UE para el período 2014‑2020, incluida la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), ascendió a 404 800 millones de euros. Los Estados miembros son los principales responsables de recuperar los fondos de la UE que se hayan desembolsado erróneamente. Si los propios Estados miembros no corrigen estos gastos, la Comisión Europea debe tomar medidas, lo cual da lugar a reducciones definitivas de los fondos de la UE asignados a los Estados miembros de que se trate. Así ocurre cuando el Estado miembro no ha identificado o corregido irregularidades que revelan deficiencias graves en el funcionamiento eficaz de sus sistemas de gestión y de control. Estas correcciones de la Comisión Europea se denominan «correcciones financieras netas obligatorias».
«Para salvaguardar el presupuesto de la Unión, los gastos que incumplan el Derecho aplicable deben quedar excluidos de la financiación de la UE», afirma François-Roger Cazala, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría. «Cabe señalar que la Comisión Europea no siempre ha aplicado las correcciones financieras cuando y donde ha sido necesario».
La Comisión Europea notificó que, a raíz de sus controles, los Estados miembros han realizado correcciones financieras por valor de más de 1 000 millones de euros (que pueden reutilizarse) desde el inicio del período 2014‑2020. Tras las constataciones de auditoría del Tribunal, los países de la UE efectuaron otros ajustes financieros y aplicaron casi 200 millones de euros en correcciones. No obstante, los auditores constataron que varias de las correcciones financieras propuestas posteriormente habían sido reducidas o suspendidas totalmente sin una justificación adecuada.
Ya en 2013, la Comisión declaró que sus correcciones financieras netas pasarían a ser la respuesta estándar en caso de deficiencias graves. No obstante, hasta la fecha, la única decisión al respecto en la política de cohesión para el período 2014‑2020 se adoptó en septiembre de 2025. La finalidad del mecanismo es proteger el presupuesto de la UE y provocar un efecto disuasorio más intenso, ya que los países de la UE afectados pierden parte de la financiación que les ha sido asignada. Los auditores consideran necesario admitir que, transcurridos más de diez años, los porcentajes de error persistentemente elevados en el gasto de la política de cohesión demuestran que el efecto disuasorio es insuficiente.
Además, estiman que el marco jurídico que rige el mecanismo de corrección definitiva es complejo y un tanto ambiguo; por ejemplo, según este, las irregularidades solo pueden derivarse de la acción u omisión de un agente económico. Dicho de otro modo, las autoridades de los programas nacionales no entran en el ámbito de aplicación de las correcciones financieras netas obligatorias de la Comisión Europea, pese a tener más probabilidades de cometer los errores más graves. Por otra parte, las orientaciones y los criterios para evaluar las deficiencias graves no son suficientemente claros, y no se aplican de manera coherente. Los auditores constataron que en dieciséis de los casos examinados que cumplían los requisitos previos, hasta septiembre de 2025, la Comisión Europea solo había lanzado el procedimiento de recuperación en dos ocasiones, y que las correcciones financieras netas todavía no se habían realizado.
Los auditores también destacan la ausencia de plazos precisos en el procedimiento. Su análisis de los controles de la Comisión relativos a diez países de la UE revela que se requería una media de 588 días (en parte para alcanzar un acuerdo sobre la corrección que se debía aplicar) antes de poder iniciar siquiera el procedimiento. Una vez iniciado, el procedimiento lleva más de dos años. Semejante duración (entre tres y cuatro años en total) no permite una respuesta oportuna ni una buena gestión financiera, afirman los auditores. Lamentablemente, el marco jurídico actual para el período 2021‑2027 no mejora demasiado esta situación.
Información general
La política de cohesión de la UE se aplica en régimen de gestión compartida, lo que significa que los Estados miembros y la Comisión Europea son conjuntamente responsables de proteger el presupuesto de la UE. Los Estados miembros están obligados a garantizar que los gastos que solicitan para el reembolso con cargo al presupuesto de la UE estén exentos de errores materiales. Con el fin de excluir los gastos irregulares de la financiación de la UE, tanto la Comisión Europea como los Estados miembros están obligados a efectuar correcciones financieras cuando sea necesario.
Informe Especial 22/2025, «Correcciones financieras en la política de cohesión – El marco es complejo y, hasta la fecha, la Comisión solo ha adoptado una decisión», puede consultarse en el sitio web de la Comisión.
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